BUENOS AIRES.- El Gobierno se movió ayer al ritmo de la protesta de efectivos de la Prefectura y Gendarmería y, en menos de 24 horas, dio marcha atrás con el recorte de sueldos, responsabilizó a autoridades de la institución naval por la mala liquidación y apeló a la teoría conspirativa como causa principal de la protesta.

En medio de una tensión creciente, el Gobierno relevó a las cúpulas de la Prefectura y la Gendarmería nacional, luego de que el conflicto por recortes salariales se profundizara en ambas fuerzas con protestas en todo el país y se ramificara a sectores de suboficiales de la Armada.

Esos cambios y el anuncio del Gobierno de retrotraer los descuentos aplicados por un decreto oficial no alcanzaron a frenar las protestas y anoche -al cierre de esta edición- las nuevas autoridades de ambas fuerzas buscaban destrabar el conflicto con los delegados de los manifestantes.

Las protestas se replicaron en varias ciudades del país pero se concentraron en el edificio Centinela, en Retiro, y Guardacostas, en Puerto Madero, donde uniformes de distintas reparticiones dotaron de dramatismo a la situación y motivaron al oficialismo a advertir sobre riesgos para la democracia.

De hecho, el Gobierno apuntó a una maniobra de las cúpulas de las fuerzas, por la implementación de un decreto presidencial, para generar el malestar en los cuadros inferiores con el fin de revertir los recortes salariales.

En ese contexto, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunció el desplazamiento de las cúpulas de la Gendarmería y la Prefectura, encabezadas por Héctor Schenone y Oscar Arce, quienes fueron reemplazados por el comandante general Enrique Zach y el prefecto general Luis Heiler.

La ministra precisó, además, que fueron pasados a retiro 10 integrantes de cada fuerza. "Queda así normalizada la situación en las dos fuerzas de seguridad", indicó a la prensa junto al secretario de Seguridad, Sergio Berni.

Pero, a pesar del anuncio, los efectivos de seguridad no sólo mantuvieron sino que reforzaron la protesta con el apoyo de suboficiales de la Armada y policías bonaerenses. Mientras tanto, los cientos de gendarmes reunidos frente al Edificio Centinela le dieron "dos horas de plazo" (hasta las 20) a la presidenta, Cristina Fernández, y a Garré, para que les acercaran una respuesta de mejora salarial antes de anunciar nuevas medidas de fuerza. Por este trámite continuaban anoche las negociaciones.

El petitorio conjunto de Prefectura y Gendarmería está conformado por siete puntos que incluyen la "derogación del decreto 1307" pero también la discusión de una "nueva escala salarial" con "un piso de $ 7.000 en mano". "Si no se logra ese piso para el grado de gendarme, de acá no se mueve nadie", advirtió el vocero de turno, Diego Jesús Serrano.

Las protestas levantaron temperatura a lo largo la jornada, pese que por la mañana el jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, responsabilizó por la situación a la aplicación "desastrosa" del decreto que modificó los adicionales de los uniformados. Prometió entonces que cobrarán ahora igual sueldo que en agosto, "y por única vez, un pago compensatorio". Anunció además, que ahora la liquidación de haberes la hará el Ministerio de Seguridad.

El funcionario advirtió que en la Prefectura "se usa a los de más abajo" de la fuerza como "carne de maniobra por aquellos que quieren mantener privilegios de cobrar 70.000, 80.000 y 90.000 pesos". Apuntó que se hará una investigación, sobre lo que dio a entender, fue una maniobra para desestabilizar al Gobierno. La Presidenta monitoreó el conflicto desde Olivos. (DyN-NA)